Un nuevo giro en la saga de energías limpias de EE.UU.

Michael Gerrard, experto líder en legislación medioambiental de EE. UU., explica por qué la resolución del Tribunal Supremo de EE. UU. de restringir la legislación sobre el cambio climático no ralentizará el impulso de las energías limpias del país.

El marco legal que respalda las políticas medioambientales de EE. UU. tiene una larga y compleja historia.

Uno de los principales esfuerzos del presidente estadounidense Barack Obama para luchar contra el cambio climático fue el Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) de 2015, una normativa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para abandonar la generación de electricidad del carbón hacia fuentes de energía más limpias. Donald Trump se presentó como candidato a presidente con el compromiso de derogar el Plan de Energía Limpia y, una vez que asumió el cargo, fue fiel a su palabra y lo reemplazó por una normativa mucho más permisiva.

El 19 de enero de 2021, el día anterior a la investidura de Joe Biden como presidente de EE. UU., el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Distrito del Circuito de Columbia rechazó las medidas de la administración de Trump, con el dictamen de que no cumplían con el mandato de la Ley de Aire Limpio para reducir la contaminación del aire. En respuesta, el gobierno de Biden afirmó que no iba a restablecer el Plan de Energía Limpia porque se había quedado en gran parte obsoleto y prometió elaborar un conjunto de normas diferente para que los EE. UU. abandonaran el carbón.

Sin embargo, las esperanzas de la comunidad medioambiental estadounidense significaron un golpe inesperado el 29 de octubre de 2021, cuando el Tribunal Supremo de EE. UU. anunció que iba a revisar el fallo del Tribunal de Apelación, incluso antes de que la EPA publicara sus nuevas normas. Esto provocó la angustia generalizada de que el Tribunal Supremo (ahora con una mayoría conservadora de 6-3, entre los que se encuentran tres miembros designados por Trump) eliminaría la mayoría o la totalidad de los poderes de la EPA para luchar contra el cambio climático.

El Tribunal Supremo emitió su fallo el 30 de junio de 2022 con la previsión de voto de 6 a 3. En un caso llamado Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Ambiental, el Tribunal dictó contra la Agencia, pero la sentencia no fue tan dura como se temía. El Tribunal declaró que la Agencia había ido demasiado lejos con el Plan de Energía Limpia, pero mantuvo al resto de autoridades prácticamente intactas. 

El Tribunal Supremo basó su fallo en la «doctrina de las preguntas principales», una norma bastante reciente dictada por un juez por la que una agencia federal necesita instrucciones muy explícitas del Congreso antes de que pueda adoptar una medida de gran importancia económica o política. Un mandato general para resolver un gran problema no es suficiente. Aunque el Tribunal Supremo había dictado un fallo histórico en 2007 llamado Massachusetts contra la EPA por el que la Ley de Aire Limpio exige que la EPA regule los gases de efecto invernadero, esta vez el Tribunal afirmó que el estatuto no era lo suficientemente específico como para autorizar el Plan de Energía Limpia, ya que el plan iba más allá de la regulación de centrales eléctricas específicas, de una en una, para regular toda la red eléctrica como un sistema interconectado.

Un nuevo obstáculo para energías limpias

Exigir gran especificidad al Congreso supone un gran problema. El Congreso no ha promulgado ninguna ley medioambiental nueva desde 1990. La división partidista entre los demócratas (que suelen favorecer normas medioambientales estrictas) y los republicanos (que suelen oponerse a ellas) ha crecido tanto que el Congreso se ha paralizado en este asunto y en muchos otros.

Otro gran problema es que nadie sabe realmente qué es una «pregunta principal» y qué no lo es. Esa incertidumbre impulsará las demandas judiciales. EE.UU. tiene muchos más litigios que ponen a prueba la acción del gobierno que cualquier otro país; una base de datos gestionada por el Centro Sabin para la Ley del Cambio Climático muestra que de las casi 2000 demandas judiciales en todo el mundo relacionadas con el cambio climático, más del 70 % están en EE.UU.

Siguiendo los pasos del fallo de Virginia Occidental, es probable que aquellos que se oponen a la acción federal planteen la doctrina de las preguntas principales, además del resto de sus reclamaciones. Por ejemplo, la Comisión de Bolsa y Valores ha propuesto una importante norma que obliga a revelar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero de las empresas. Cuando esa regla se emita en forma final, seguramente se impugnará ante un tribunal, y uno de los argumentos será que la Comisión de Bolsa y Valores necesita instrucciones más claras del Congreso.

Esta incertidumbre se extenderá más allá de las normas ambientales y energéticas. Las acciones federales sobre alimentos y medicamentos, salud y seguridad, telecomunicaciones y otras áreas serán objeto de ataques. Esto no quiere decir que las demandas vayan a tener éxito, ni que las normativas federales se dejarán en suspenso mientras el pleito sigue su curso.

Pero será difícil para las empresas estar seguras de qué normas le afectan.

A pesar de todo esto, el gobierno de EE. UU. sigue teniendo muchas herramientas para luchar contra el cambio climático. El fallo de Virginia Occidental no debería afectar a la capacidad de exigir vehículos de motor más limpios y eficientes en términos de consumo de combustible. No afecta a la normativa de la EPA sobre las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes estacionarias como centrales eléctricas y fábricas que también emiten otros contaminantes del aire. Esto no significa que la EPA ya no pueda regular los demás impactos medioambientales de plantas de carbón y minas de carbón (contaminación del aire, cenizas de carbón, agua caliente y otros tipos de contaminación del aire). No se ven afectados los incentivos y subvenciones gubernamentales para energías renovables, ni las normativas que requieren una mayor eficiencia energética en electrodomésticos y equipos industriales. Los gobiernos estatales y locales conservan todos sus poderes.

Por lo tanto, se ha retirado una herramienta del conjunto de los instrumentos de la normativa climática de EE. UU., pero muchos se conservan. Y la evolución hacia las energías limpias continuará y se acelerará.

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